La vendimia más atípica de los últimos años da sus primeros pasos en este agosto crepuscular. A la tormenta perfecta que viene azotando al sector vinícola español -aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos debido a las ayudas públicas a Airbus, el Brexit, los problemas en mercados como el ruso o el chino...- se le suma un enemigo que ha dañado gravemente la economía española: el Covid-19. Los últimos rebrotes añaden más inquietud a un producto que, junto al mosto, fue uno de los cinco más exportados en 2019 entre los agroalimentarios (53.180 millones de euros), según el Ministerio de Agricultura: 2.958 millones de euros, solo superados por la carne de porcino (3.414 millones), los Cítricos (3.093 millones) y el aceite (3.027 millones). Si cogemos el periodo de julio de 2019 a julio de este año, las ventas al exterior alcanzaron los 2.599,7 millones, estima el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMV). Esta fuente apunta que el primer semestre de este año se saldó con casi 91 millones menos en exportaciones. En este contexto, el campo se blinda para vendimiar con medidas como los grupos burbuja, la toma de temperaturas o el distanciamiento social. Además de estar condicionado este año por medidas de mercado como el almacenaje o la limitación a la producción por hectárea. De aquí a octubre deberán vendimiarse las 952.829 hectáreas de viñedos existentes en España en 2019, localizadas principalmente en Castilla-La Mancha (4628.027 hectáreas), Extremadura (85.785 ha) y Castilla y León (69.970 ha). «Te juegas la vida en uno o par de meses. Cualquier incidente puede llevar al cierre de una bodega y es un drama», resume el director de la Denominación de Origen Rueda, Santiago Mora. A pesar de la desescalada y del récord de ventas en julio (11,5 millones de botellas), Rueda vio caer sus ventas un 8% hasta junio. Hasta 4.000 trabajadores Al respecto, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, habla de «preocupación», y estima que este año se recolectarán entre 43 y 44 millones de hectolitros frente a los 37,5 millones del año pasado. Villafranca reconoce la inquietud del sector por el movimiento de trabajadores y la sangría comercial que padecen por la crisis del canal Horeca y el «cierre» de muchos mercados, con una caída global de ventas estimadas entre el 35 y 40%. Conscientes de lo que hay en juego, las comunidades autónomas, los ministerios de Sanidad y Agricultura y los viticultores vienen diseñando los protocolos anti-Covid, especialmente en lo referente al transporte y los alojamientos de los temporeros. Se estima que el 13% de rebrotes del Covid-19 tienen origen en el ámbito laboral. En concreto, autonomías como La Rioja, Castilla-La Mancha o Castilla y León han elaborado su propia normativa. Por ejemplo, el gobierno riojano está haciendo pruebas PCR a todos los temporeros (241 personas hasta mediados de agosto) y la Junta de Castilla y León ha ofrecido a denominaciones como la de Rueda sufragar este tipo de pruebas a temporeros itinerantes. «Tomaremos muestras desde nuestro servicio de prevención», destaca Moro, quien anuncia que se incluirá también a los que conduzcan maquinaria. Por su parte, Castilla-La Mancha publicó el 12 de agosto su propia orden, cuya principal novedad es la obligación de los empresarios viticultores (85.000 en esta región) de hacer un listado con los datos de contacto de sus trabajadores y convivientes. En este sentido, el gerente de Asaja Ciudad Real, Agustín Miranda, estima que deberán formar en los protocolos anti-Covid a entre 3.500 y 4.000 trabajadores en apenas 15 días. «Se les llama uno a uno para su concienciación», destaca Miranda, quien asegura que el servicio de prevención de riesgos también esta preparando a los empresarios para reaccionar ante un brote, «y no perder la uva en un momento delicado». A su favor juega que «el 80% de los vendimiadores son los mismos».
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