El presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, llevaba unos años marcando diferencias con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en especial en lo que se refiere a la anexión de Crimea y a la guerra en el este de Ucrania, y ha mantenido un tira y afloja con Moscú por lo precios del petróleo, el gas y el refinanciamiento de su deuda. Se ha mostrado además arisco en relación con el proyecto de creación de un estado unitario con Rusia, lo que hubiera evitado a Putin tener que enmendar la Constitución rusa para seguir en el poder más allá de 2024. Sin embargo, la actual crisis que se le ha desatado a Lukashenko en su país al ser acusado de manipular los resultados de los comicios presidenciales del pasado 9 de agosto y la indignación de Occidente contra él le han situado en una posición de debilidad que el Kremlin parece dispuesto a aprovechar. Para empezar, Rusia prepara ya un contingente de fuerzas policiales para enviar a Bielorrusia en auxilio de un presidente en apuros. Después de unos días en silencio, pese a eventos tan relevantes como el envenenamiento del líder opositor, Alexéi Navalni, Putin compareció ayer en una entrevista concedida al canal público ruso Rossía-1 y ha revelado, entre otras cosas, que Lukashenko «me pidió que formara un retén de agentes de las fuerzas del orden y lo hice. Pero acordamos también que no entrará en acción mientras la situación no se descontrole». Las publicaciones digitales rusas han dado cuenta de la llegada, el miércoles por la noche, al aeropuerto de Minsk, del avión Tupolev-214 que utiliza habitualmente el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB o antiguo KGB), Alexánder Bórtnikov. Lo emplean también en sus desplazamientos otros altos mandos de los servicios secretos rusos. Se trata del segundo vuelo en poco más de una semana. El aparato fue visto por primera vez en el aeropuerto de Minsk el pasado día 18 de agosto, una semana después de que estallaran las protestas contra Lukashenko. Putin dijo ayer que «Lukashenko planteó que le gustaría que le ofreciéramos, en caso de necesidad, la ayuda necesaria. Yo le dije que Rusia cumplirá sus compromisos». El presidente ruso explicó que su homólogo bielorruso le habló en concreto de la posibilidad de que surgieran «elementos extremistas» durante las manifestaciones que pudieran provocar desórdenes violentos. «Durante la conversación, llegamos a la conclusión de que ahora no hay tal necesidad y espero que no la haya», añadió Putin en su entrevista a Rossía-1. Aclaró que las obligaciones o compromisos que tiene Rusia con el país vecino se refieren a las recogidas en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (ODKB en sus siglas en ruso) y las contempladas en los acuerdos bilaterales y en el convenio de la Unión Estatal, hacia el que Lukashenko había mostrado muchas reticencias últimamente . En realidad, no está ultimado en todos sus apartados, pero mantiene vigentes muchas de sus cláusulas. Aludiendo en concreto al ODKB, grupo del que también forman parte Armenia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, Putin subrayó que el tratado «obliga a los estados miembros a ayudarse mutuamente en la defensa de su soberanía, las fronteras exteriores y la estabilidad». «No hay nada que ocultar, allí está todo escrito», recalcó y dejó claro también que «a nosotros no nos es indiferente lo que pasa allí. Es un país muy cercano, tal vez el más cercano para nosotros». En los últimos días, el presidente bielorruso ha llamado por teléfono al jefe del Kremlin por lo menos cuatro veces. Putin ha criticado también los intentos de Occidente de influir en la crisis bielorrusa y aseguró que la situación en el país vecino «tiende a normalizarse». Según su opinión, «por supuesto que hay problemas en Bielorrusia, de no haberlos la gente no saldría a la calle, eso es algo absolutamente evidente, pero confiamos que se resuelvan dentro del marco constitucional y legal y por medios pacíficos». La reacción por parte de los adversarios de Lukashenko no se hizo esperar. El Consejo Coordinador de la oposición bielorrusa condenó de inmediato los planes de Rusia de prestar apoyo a Lukashenko. «El Consejo Coordinador considera inadmisible la creación de formaciones armadas en territorio ruso o de cualquier otro Estado con el fin de ser enviadas a territorio bielorruso para su empleo. Eso contradice el Derecho Internacional y el posicionamiento de la sociedad bielorrusa», reza el comunicado difundido por la oposición. El texto del documento subraya también que «los mecanismos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva deben ser activados exclusivamente en caso de una invasión armada. No vemos que en Bielorrusia se den tales condiciones y tampoco que la situación se esté descontrolando (...) las protestas son exclusivamente pacíficas». Temiendo también que cualquier tipo de ayuda exterior a su causa pueda ser utilizado como argumento para una intervención de Rusia, el Consejo de Coordinación afirma que no aceptarán «ninguna ayuda extranjera, no participaremos directa ni indirectamente en su distribución». En el comunicado se sostiene que «solo el diálogo interno propiciará la solución a la crisis política». La escritora bielorrusa y Premio Nobel de Literatura 2005, Svetlana Alexiévich, que forma parte del Consejo de Coordinación, tiene razón cuando dice que la oposición bielorrusa va a tener que hablar con Rusia. Pero parece que tal diálogo se presenta muy arduo, si de lo que se trata es de conseguir la renuncia de Lukashenko y la repetición de las elecciones. Moscú insiste en que la crisis se solvente en el marco de las leyes y la Constitución bielorrusa, lo que excluye que el presidente entregue el poder a un órgano de transición no contemplado en la normativa legal del país. Y es que, según declaró esta semana el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, existe un resquicio que permitiría hallar una vía de solución a la crisis. Durante una intervención ante los trabajadores de la fábrica de automoción pesada MZKT de Minsk, el pasado día 17, Lukashenko ofreció «compartir el poder» mediante una reforma constitucional, tras la que se convocaría unas elecciones presidenciales. «Una redistribución de las responsabilidades debe pasar por un proceso constitucional y no por acciones callejeras», manifestó el presidente bielorruso, que advirtió que tal reforma de la Carta Magna debe hacerse con tranquilidad y no bajo presiones. Lavrov ve en esa propuesta de Lukashenko la llave para la solución de la crisis. Aseguró que en Moscú «vemos signos positivos» en tal iniciativa, lo que significa que Rusia la hará muy probablemente suya y la presentará a Occidente y a la oposición bielorrusa como la única viable. De manera que si Minsk y sus aliados rusos se plantan en que la reforma de la Ley Fundamental de Bielorrusia y unos comicios a continuación propiciarán el final de la crisis, sólo la fuerza de la calle, y de momento no está siendo suficiente, podría trastocar tales planes.
Rusia prepara un contingente de policías para Bielorrusia, en apoyo de Lukashenko
El presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, llevaba unos años marcando diferencias con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en especial en lo que se refiere a la anexión de Crimea y a la guerra en el este de Ucrania, y ha mantenido un tira y afloja con Moscú por lo precios del petróleo, el gas y el refinanciamiento de su deuda. Se ha mostrado además arisco en relación con el proyecto de creación de un estado unitario con Rusia, lo que hubiera evitado a Putin tener que enmendar la Constitución rusa para seguir en el poder más allá de 2024. Sin embargo, la actual crisis que se le ha desatado a Lukashenko en su país al ser acusado de manipular los resultados de los comicios presidenciales del pasado 9 de agosto y la indignación de Occidente contra él le han situado en una posición de debilidad que el Kremlin parece dispuesto a aprovechar. Para empezar, Rusia prepara ya un contingente de fuerzas policiales para enviar a Bielorrusia en auxilio de un presidente en apuros. Después de unos días en silencio, pese a eventos tan relevantes como el envenenamiento del líder opositor, Alexéi Navalni, Putin compareció ayer en una entrevista concedida al canal público ruso Rossía-1 y ha revelado, entre otras cosas, que Lukashenko «me pidió que formara un retén de agentes de las fuerzas del orden y lo hice. Pero acordamos también que no entrará en acción mientras la situación no se descontrole». Las publicaciones digitales rusas han dado cuenta de la llegada, el miércoles por la noche, al aeropuerto de Minsk, del avión Tupolev-214 que utiliza habitualmente el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB o antiguo KGB), Alexánder Bórtnikov. Lo emplean también en sus desplazamientos otros altos mandos de los servicios secretos rusos. Se trata del segundo vuelo en poco más de una semana. El aparato fue visto por primera vez en el aeropuerto de Minsk el pasado día 18 de agosto, una semana después de que estallaran las protestas contra Lukashenko. Putin dijo ayer que «Lukashenko planteó que le gustaría que le ofreciéramos, en caso de necesidad, la ayuda necesaria. Yo le dije que Rusia cumplirá sus compromisos». El presidente ruso explicó que su homólogo bielorruso le habló en concreto de la posibilidad de que surgieran «elementos extremistas» durante las manifestaciones que pudieran provocar desórdenes violentos. «Durante la conversación, llegamos a la conclusión de que ahora no hay tal necesidad y espero que no la haya», añadió Putin en su entrevista a Rossía-1. Aclaró que las obligaciones o compromisos que tiene Rusia con el país vecino se refieren a las recogidas en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (ODKB en sus siglas en ruso) y las contempladas en los acuerdos bilaterales y en el convenio de la Unión Estatal, hacia el que Lukashenko había mostrado muchas reticencias últimamente . En realidad, no está ultimado en todos sus apartados, pero mantiene vigentes muchas de sus cláusulas. Aludiendo en concreto al ODKB, grupo del que también forman parte Armenia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, Putin subrayó que el tratado «obliga a los estados miembros a ayudarse mutuamente en la defensa de su soberanía, las fronteras exteriores y la estabilidad». «No hay nada que ocultar, allí está todo escrito», recalcó y dejó claro también que «a nosotros no nos es indiferente lo que pasa allí. Es un país muy cercano, tal vez el más cercano para nosotros». En los últimos días, el presidente bielorruso ha llamado por teléfono al jefe del Kremlin por lo menos cuatro veces. Putin ha criticado también los intentos de Occidente de influir en la crisis bielorrusa y aseguró que la situación en el país vecino «tiende a normalizarse». Según su opinión, «por supuesto que hay problemas en Bielorrusia, de no haberlos la gente no saldría a la calle, eso es algo absolutamente evidente, pero confiamos que se resuelvan dentro del marco constitucional y legal y por medios pacíficos». La reacción por parte de los adversarios de Lukashenko no se hizo esperar. El Consejo Coordinador de la oposición bielorrusa condenó de inmediato los planes de Rusia de prestar apoyo a Lukashenko. «El Consejo Coordinador considera inadmisible la creación de formaciones armadas en territorio ruso o de cualquier otro Estado con el fin de ser enviadas a territorio bielorruso para su empleo. Eso contradice el Derecho Internacional y el posicionamiento de la sociedad bielorrusa», reza el comunicado difundido por la oposición. El texto del documento subraya también que «los mecanismos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva deben ser activados exclusivamente en caso de una invasión armada. No vemos que en Bielorrusia se den tales condiciones y tampoco que la situación se esté descontrolando (...) las protestas son exclusivamente pacíficas». Temiendo también que cualquier tipo de ayuda exterior a su causa pueda ser utilizado como argumento para una intervención de Rusia, el Consejo de Coordinación afirma que no aceptarán «ninguna ayuda extranjera, no participaremos directa ni indirectamente en su distribución». En el comunicado se sostiene que «solo el diálogo interno propiciará la solución a la crisis política». La escritora bielorrusa y Premio Nobel de Literatura 2005, Svetlana Alexiévich, que forma parte del Consejo de Coordinación, tiene razón cuando dice que la oposición bielorrusa va a tener que hablar con Rusia. Pero parece que tal diálogo se presenta muy arduo, si de lo que se trata es de conseguir la renuncia de Lukashenko y la repetición de las elecciones. Moscú insiste en que la crisis se solvente en el marco de las leyes y la Constitución bielorrusa, lo que excluye que el presidente entregue el poder a un órgano de transición no contemplado en la normativa legal del país. Y es que, según declaró esta semana el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, existe un resquicio que permitiría hallar una vía de solución a la crisis. Durante una intervención ante los trabajadores de la fábrica de automoción pesada MZKT de Minsk, el pasado día 17, Lukashenko ofreció «compartir el poder» mediante una reforma constitucional, tras la que se convocaría unas elecciones presidenciales. «Una redistribución de las responsabilidades debe pasar por un proceso constitucional y no por acciones callejeras», manifestó el presidente bielorruso, que advirtió que tal reforma de la Carta Magna debe hacerse con tranquilidad y no bajo presiones. Lavrov ve en esa propuesta de Lukashenko la llave para la solución de la crisis. Aseguró que en Moscú «vemos signos positivos» en tal iniciativa, lo que significa que Rusia la hará muy probablemente suya y la presentará a Occidente y a la oposición bielorrusa como la única viable. De manera que si Minsk y sus aliados rusos se plantan en que la reforma de la Ley Fundamental de Bielorrusia y unos comicios a continuación propiciarán el final de la crisis, sólo la fuerza de la calle, y de momento no está siendo suficiente, podría trastocar tales planes.
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