Los graduados sociales son un puente entre las empresas, los trabajadores y la Administración. Prueba de ello es que durante esta crisis, estos 22.000 profesionales han gestionado aproximadamente el 80% de los ERTE y de las prestaciones por cese de actividad de los autónomos. —¿En algún momento se han visto desbordados con tanto trabajo? —El esfuerzo realizado por los graduados sociales desde el 14 de marzo ha sido extraordinario, estamos sin aliento, con jornadas de 14 horas de lunes a domingo. Hemos estado y seguimos desbordados, sin haber podido disfrutar de unos días de vacaciones. Además de nuestro trabajo habitual de asesoramiento y confección de nóminas y seguros sociales, contratos de trabajo, etc..., hemos tenido que confeccionar la mayoría los ERTE y de las prestaciones de los autónomos. Además, además hemos realizado trámites que no nos correspondían, como la solicitud de la prestación colectiva. Por eso quiero felicitar a todos los graduados sociales por el enorme esfuerzo desempeñado y a todos los presidentes y personal laboral de los colegios y del Consejo General. —¿Cómo es la relación de los graduados sociales con la Administración? —Nececesitamos que la colaboración con la Administración sea en las dos direcciones y terminar con la inseguridad jurídica que hay con determinadas normas y criterios que ha dictado. —¿Considera adecuadas las medidas del Ejecutivo para ayudar a trabajadores y empresas? —Las medidas eran necesarias en la actual situación. Sin ellas se hubiera destruido una gran cantidad de empleo irrecuperable en nuestro país. Cuestión distinta es la proliferación normativa. Hemos tenido que analizarlas y ponerlas en práctica sin solución de continuidad, padeciendo una inseguridad jurídica que nos ha dificultado la toma de decisiones y que pueden tener consecuencias en un futuro. Además esta proliferación normativa se ha realizado sin tener en cuenta la multitud de trámites administrativos y burocráticos, en muchos casos repetitivos con varias administraciones que se podían haber resuelto poniendo en práctica algunas de las propuestas planteadas por nuestro colectivo. —¿Considera necesaria alguna corrección en esas medidas? —Sobre todo con respecto al procedimiento, lo que aliviaría la carga de trabajo que estamos soportando y también en parte a la misma Administración. —¿Cree conveniente la prórroga de los ERTE? —Dada la situación actual, se deberían prorrogar hasta el 31 de diciembre, bien en su situación actual, por sectores de actividad o como sea más conveniente. También la prestación de cese de actividad de los autónomos. Con respecto a los trabajadores afectados por ERTE, pasados los 180 días de prestación por desempleo verán minorados sus ingresos al 50% por lo que debe establecerse un mecanismo de protección para estas personas. —¿Se puede hacer algo más por los autónomos? —Nosotros estamos en contacto con ellos en sus empresas y somos el termómetro para saber que carencias tienen. Facilitar que las ayudas que se han puesto en el mercado cumplan su función, por ejemplo los ICO, en algunos casos no han servido para ello debido a las trabas que se han encontrado. Se deben mantener y extender las ayudas porque algunas de ellas consistían en diferir los pagos. Ahora, esos pagos hay que efectuarlos y estamos en la misma situación que al inicio del estado de alarma, por lo que deben extenderse más en el tiempo. Necesitan más ayudas, que lleguen al destinatario y que se extiendan las actuales, junto con una mayor flexibilidad, ya que de lo contrario se pueden ver abocados al cierre de la actividad y en algunos casos al concurso. —La tramitación de los ERTE está siendo un caos. —Ha sido muy complicado. Valoro la iniciativa de intentar mantener el empleo, pero la complicación en los trámites y la técnica empleada junto con algunos requisitos van a hacer que estemos pendientes de los ERTE durante varios años. Además, se ha puesto en marcha una solicitud colectiva de prestación que no se canalizó de la manera más adecuada, lo que ha significado que algunos trabajadores cobraran tarde, otros cobraran menos de lo que debían y algunos cobraran prestación cuando ya se habían reincorporado a su puesto de trabajo. Estamos todavía a tiempo de mejorar en este sentido, por ello hemos remitido unas propuestas para que se mejore el trámite, ya que si se nos hubiera escuchado antes de su publicación se podrían haber instaurado mecanismos mucho más sencillos y eficientes. —¿Cuántos trabajadores podrían seguir actualmente sin cobrar los ERTE? —Es un dato que no dispongo actualizado y no me quiero pronunciar. Quiero pensar que a día de hoy serán pocos los que no hayan cobrado la prestación inicial, si bien es cierto que con los cambios prácticos llevados a efecto recientemente, se van a originar algunos retrasos en el cobro de la mensualidad correspondiente y muchos deberán devolver las cantidades percibidas indebidamente y abonadas por error por el SEPE, aún cuando habían comunicado su reincorporación a la actividad. —Algunos expertos aconsejan a los empresarios del ocio nocturno, hostelería y turismo que pasen de los ERTE-Covid a ERE normales porque será más beneficioso a corto y medio plazo. ¿Cuál es su opinión? —La diferencia es que el ERTE responde a una situación coyuntural y el ERE responde a una situación estructural o definitiva, por tanto, si se prorrogan las medidas con respecto a este sector, se podrían mantener los ERTEs porque la causa está directamente relacionada con las medidas preventivas provocada por la pandemia y permitiría al sector beneficiarse de esa ayuda y las exoneraciones. La cuestión es que las empresas deben valorar también si la medida que deben afrontar ya no debe ser coyuntural si no definitiva, en cuyo caso tendrían que decidirse por el ERE como indican estos expertos. ABC Mantiene su domicilio y el despacho en Utiel, su localidad natal Ricardo Gabaldón nació en 1963 en el municipio valenciano de Utiel. Es asesor fiscal desde 1988, graduado social desde 1989 y ejerce como abogado desde 2010. Ha participado en calidad de ponente en numerosas conferencias y jornadas relacionadas con el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como en congresos. Fue el máximo responsable del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia entre 2005 y 2017. Ocupó también la vicesecretaría de Unión Profesional de Valencia y fue vocal del Observatorio de Justicia de la Generalitat Valenciana. Posee la Cruz Distinguida de Primera y Segunda Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y fue distinguido con el premio Ae quitas concedido por Cograsova en 2017. Es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España desde febrero de 2019. Sigue viviendo en Utiel, donde tiene su despacho profesional. Le gusta la lectura, la música y, sobre todo, la cultura de su pueblo. En su familia siempre se leyó el ABC porque «mi padre iba todos los días al quiosco a comprarlo. Eran otros tiempos". —¿Cree que el ingreso mínimo vital debe de tener fecha de caducidad y estar condicionada a la búsqueda de empleo o es un subsidio que no puede desaparecer? —Considero que es necesaria en este momento y va a seguir siendo necesaria a medio plazo, no olvidemos que lo tienen establecido muchos países europeos de nuestro entorno, es más, las instituciones europeas nos venían recordando que era un déficit que teníamos en nuestro estado social. En cuanto al resto de la pregunta, claro que soy partidario de que se establezcan condiciones justas para la obtención y disfrute del mismo, se pongan las condiciones necesarias y se vincule con la búsqueda activa de empleo y se generen mecanismos para la vigilancia ante situaciones de fraude. —¿Qué opinión le merece el teletrabajo? Al implantarse de manera apresurada, ¿no abundan los abusos por parte de las empresas? —Tenemos la referencia del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores sobre el trabajo a distancia y lo que se pretende es incorporar normativa teniendo como referencia el acuerdo marco europeo de 2002, por lo que he podido ver en la consulta pública planteada y el anteproyecto. Creo que si se quiere hacer bien, todo necesita su tiempo de estudio y negociación, ahora habría que legislar para la situación actual a corto plazo, como se ha hecho recientemente en el RDL 8/2020 15/2020 con respecto a la novación de la prestación laboral al teletrabajo, vigente hasta el 21 de septiembre. —¿Es partidario de derogar la reforma laboral, de retocar algún aspecto puntual....? —Creo que no es el momento de derogar la Reforma Laboral, además de que técnicamente es complicado, lo único que causaría es mayor incertidumbre e intranquilidad a las relaciones laborales de este país y no aportaría nada bueno en la situación actual. Considero más conveniente tomar medidas que ayuden a paliar esta situación y a colaborar y trabajar en equipo. Estas actuaciones son más urgentes y apropiadas en estos momentos que hacer una derogación de la reforma laboral. —¿Habría que modernizar el Estatuto de los Trabajadores como piden los sindicatos? Al hilo de mi respuesta anterior, considero que no es el momento de hacer cambios tan fundamentales e importantes como es modernizar el Estatuto de los Trabajadores, más adelante se puede y debe trabajar en ello, pero no ahora. Cuando pase esta situación se debe elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que recoja todas las realidades laborales y cambiantes de nuestro sistema productivo.
«Hay inseguridad jurídica con determinadas normas y criterios», afirma Ricardo Gabaldón
Los graduados sociales son un puente entre las empresas, los trabajadores y la Administración. Prueba de ello es que durante esta crisis, estos 22.000 profesionales han gestionado aproximadamente el 80% de los ERTE y de las prestaciones por cese de actividad de los autónomos. —¿En algún momento se han visto desbordados con tanto trabajo? —El esfuerzo realizado por los graduados sociales desde el 14 de marzo ha sido extraordinario, estamos sin aliento, con jornadas de 14 horas de lunes a domingo. Hemos estado y seguimos desbordados, sin haber podido disfrutar de unos días de vacaciones. Además de nuestro trabajo habitual de asesoramiento y confección de nóminas y seguros sociales, contratos de trabajo, etc..., hemos tenido que confeccionar la mayoría los ERTE y de las prestaciones de los autónomos. Además, además hemos realizado trámites que no nos correspondían, como la solicitud de la prestación colectiva. Por eso quiero felicitar a todos los graduados sociales por el enorme esfuerzo desempeñado y a todos los presidentes y personal laboral de los colegios y del Consejo General. —¿Cómo es la relación de los graduados sociales con la Administración? —Nececesitamos que la colaboración con la Administración sea en las dos direcciones y terminar con la inseguridad jurídica que hay con determinadas normas y criterios que ha dictado. —¿Considera adecuadas las medidas del Ejecutivo para ayudar a trabajadores y empresas? —Las medidas eran necesarias en la actual situación. Sin ellas se hubiera destruido una gran cantidad de empleo irrecuperable en nuestro país. Cuestión distinta es la proliferación normativa. Hemos tenido que analizarlas y ponerlas en práctica sin solución de continuidad, padeciendo una inseguridad jurídica que nos ha dificultado la toma de decisiones y que pueden tener consecuencias en un futuro. Además esta proliferación normativa se ha realizado sin tener en cuenta la multitud de trámites administrativos y burocráticos, en muchos casos repetitivos con varias administraciones que se podían haber resuelto poniendo en práctica algunas de las propuestas planteadas por nuestro colectivo. —¿Considera necesaria alguna corrección en esas medidas? —Sobre todo con respecto al procedimiento, lo que aliviaría la carga de trabajo que estamos soportando y también en parte a la misma Administración. —¿Cree conveniente la prórroga de los ERTE? —Dada la situación actual, se deberían prorrogar hasta el 31 de diciembre, bien en su situación actual, por sectores de actividad o como sea más conveniente. También la prestación de cese de actividad de los autónomos. Con respecto a los trabajadores afectados por ERTE, pasados los 180 días de prestación por desempleo verán minorados sus ingresos al 50% por lo que debe establecerse un mecanismo de protección para estas personas. —¿Se puede hacer algo más por los autónomos? —Nosotros estamos en contacto con ellos en sus empresas y somos el termómetro para saber que carencias tienen. Facilitar que las ayudas que se han puesto en el mercado cumplan su función, por ejemplo los ICO, en algunos casos no han servido para ello debido a las trabas que se han encontrado. Se deben mantener y extender las ayudas porque algunas de ellas consistían en diferir los pagos. Ahora, esos pagos hay que efectuarlos y estamos en la misma situación que al inicio del estado de alarma, por lo que deben extenderse más en el tiempo. Necesitan más ayudas, que lleguen al destinatario y que se extiendan las actuales, junto con una mayor flexibilidad, ya que de lo contrario se pueden ver abocados al cierre de la actividad y en algunos casos al concurso. —La tramitación de los ERTE está siendo un caos. —Ha sido muy complicado. Valoro la iniciativa de intentar mantener el empleo, pero la complicación en los trámites y la técnica empleada junto con algunos requisitos van a hacer que estemos pendientes de los ERTE durante varios años. Además, se ha puesto en marcha una solicitud colectiva de prestación que no se canalizó de la manera más adecuada, lo que ha significado que algunos trabajadores cobraran tarde, otros cobraran menos de lo que debían y algunos cobraran prestación cuando ya se habían reincorporado a su puesto de trabajo. Estamos todavía a tiempo de mejorar en este sentido, por ello hemos remitido unas propuestas para que se mejore el trámite, ya que si se nos hubiera escuchado antes de su publicación se podrían haber instaurado mecanismos mucho más sencillos y eficientes. —¿Cuántos trabajadores podrían seguir actualmente sin cobrar los ERTE? —Es un dato que no dispongo actualizado y no me quiero pronunciar. Quiero pensar que a día de hoy serán pocos los que no hayan cobrado la prestación inicial, si bien es cierto que con los cambios prácticos llevados a efecto recientemente, se van a originar algunos retrasos en el cobro de la mensualidad correspondiente y muchos deberán devolver las cantidades percibidas indebidamente y abonadas por error por el SEPE, aún cuando habían comunicado su reincorporación a la actividad. —Algunos expertos aconsejan a los empresarios del ocio nocturno, hostelería y turismo que pasen de los ERTE-Covid a ERE normales porque será más beneficioso a corto y medio plazo. ¿Cuál es su opinión? —La diferencia es que el ERTE responde a una situación coyuntural y el ERE responde a una situación estructural o definitiva, por tanto, si se prorrogan las medidas con respecto a este sector, se podrían mantener los ERTEs porque la causa está directamente relacionada con las medidas preventivas provocada por la pandemia y permitiría al sector beneficiarse de esa ayuda y las exoneraciones. La cuestión es que las empresas deben valorar también si la medida que deben afrontar ya no debe ser coyuntural si no definitiva, en cuyo caso tendrían que decidirse por el ERE como indican estos expertos. ABC Mantiene su domicilio y el despacho en Utiel, su localidad natal Ricardo Gabaldón nació en 1963 en el municipio valenciano de Utiel. Es asesor fiscal desde 1988, graduado social desde 1989 y ejerce como abogado desde 2010. Ha participado en calidad de ponente en numerosas conferencias y jornadas relacionadas con el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como en congresos. Fue el máximo responsable del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia entre 2005 y 2017. Ocupó también la vicesecretaría de Unión Profesional de Valencia y fue vocal del Observatorio de Justicia de la Generalitat Valenciana. Posee la Cruz Distinguida de Primera y Segunda Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y fue distinguido con el premio Ae quitas concedido por Cograsova en 2017. Es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España desde febrero de 2019. Sigue viviendo en Utiel, donde tiene su despacho profesional. Le gusta la lectura, la música y, sobre todo, la cultura de su pueblo. En su familia siempre se leyó el ABC porque «mi padre iba todos los días al quiosco a comprarlo. Eran otros tiempos". —¿Cree que el ingreso mínimo vital debe de tener fecha de caducidad y estar condicionada a la búsqueda de empleo o es un subsidio que no puede desaparecer? —Considero que es necesaria en este momento y va a seguir siendo necesaria a medio plazo, no olvidemos que lo tienen establecido muchos países europeos de nuestro entorno, es más, las instituciones europeas nos venían recordando que era un déficit que teníamos en nuestro estado social. En cuanto al resto de la pregunta, claro que soy partidario de que se establezcan condiciones justas para la obtención y disfrute del mismo, se pongan las condiciones necesarias y se vincule con la búsqueda activa de empleo y se generen mecanismos para la vigilancia ante situaciones de fraude. —¿Qué opinión le merece el teletrabajo? Al implantarse de manera apresurada, ¿no abundan los abusos por parte de las empresas? —Tenemos la referencia del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores sobre el trabajo a distancia y lo que se pretende es incorporar normativa teniendo como referencia el acuerdo marco europeo de 2002, por lo que he podido ver en la consulta pública planteada y el anteproyecto. Creo que si se quiere hacer bien, todo necesita su tiempo de estudio y negociación, ahora habría que legislar para la situación actual a corto plazo, como se ha hecho recientemente en el RDL 8/2020 15/2020 con respecto a la novación de la prestación laboral al teletrabajo, vigente hasta el 21 de septiembre. —¿Es partidario de derogar la reforma laboral, de retocar algún aspecto puntual....? —Creo que no es el momento de derogar la Reforma Laboral, además de que técnicamente es complicado, lo único que causaría es mayor incertidumbre e intranquilidad a las relaciones laborales de este país y no aportaría nada bueno en la situación actual. Considero más conveniente tomar medidas que ayuden a paliar esta situación y a colaborar y trabajar en equipo. Estas actuaciones son más urgentes y apropiadas en estos momentos que hacer una derogación de la reforma laboral. —¿Habría que modernizar el Estatuto de los Trabajadores como piden los sindicatos? Al hilo de mi respuesta anterior, considero que no es el momento de hacer cambios tan fundamentales e importantes como es modernizar el Estatuto de los Trabajadores, más adelante se puede y debe trabajar en ello, pero no ahora. Cuando pase esta situación se debe elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que recoja todas las realidades laborales y cambiantes de nuestro sistema productivo.
0 Commentaires