Alberto Núñez Feijóo ha dicho basta. El presidente en funciones de Galicia, que volverá a ser investido la próxima semana, ha decidido pasar a la acción tras la decepcionante oferta del Gobierno a las comunidades autónomas para que se acojan, si así lo quieren, a un estado de alarma a la carta. Cinco meses después de que se desatara la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo no tiene decidido reformar la legislación ordinaria para dotar a las comunidades de herramientas más ágiles y certeras que ayuden a atajar la crisis. Así se lo viene exigiendo Pablo Casado desde mayo, pero Feijóo ha decidido concretar la contraofensiva a Moncloa e irá más lejos. A mediados de septiembre, Feijóo remitirá a Moncloa una propuesta de modificación de la normativa de Salud Pública, que tiene rango de ley orgánica. Ese mismo texto que el equipo jurídico de la Xunta está ahora ultimando, se enviará al Parlamento gallego para su aprobación y posterior remisión al Congreso de los Diputados como Proposición de Ley. El protagonismo será mayúsculo porque se trata de una iniciativa de un Parlamento regional -donde el PP tiene mayoría absoluta- defendiendo una ley nacional, y no de ámbito estrictamente autonómico como suelen ser las reformas estatutarias que votan las Cortes. Seguridad jurídica El líder gallego se sumó al estupor generalizado entre las autonomías y rechazó el plan de Moncloa que propone como único recurso reactivar el mecanismo excepcional. «No puede ser que volvamos a la casilla de salida» del 14 de marzo, observó. Feijóo avanzó que su texto legislativo concretará las competencias del Gobierno central y los autonómicos y, a su vez, qué decisiones puede adoptar el presidente de una comunidad autónoma sin ratificación judicial y cuáles la exigirían, por entrar en conflicto con derechos fundamentales. Como beneficio añadido, se evitaría tener que convocar el Congreso reiteradamente. Y, sobre todo, «no tendríamos 17 criterios distintos», «17 recetas sanitarias», glosó. El mandatario gallego censuró que Sánchez «renuncia a liderar» la gestión de la pandemia, «siendo España una de las naciones más castigadas». Que no se articule «una legislación sanitaria para una crisis sanitaria» es algo que «no se explica nadie». El «plan B» de Génova Feijóo anunció su aportación justo cuando Casado reunía en Génova a los consejeros de Sanidad y Educación de las autonomías donde gobierna el PP para exigir a Moncloa una estrategia nacional con medidas «homogéneas» para todos. Empezando por un plan coordinado de vuelta a las aulas, que hoy abordarán las comunidades y el Gobierno en la Conferencia Sectorial de Educación. Génova insiste en tener su propio «plan B» basado en clases presenciales, distancia de seguridad, uso generalizado de las mascarillas y los test PCR a profesores. «Le pedimos al Gobierno que asuma su responsabilidad. La responsabilidad no se delega nunca», señaló Ana Pastor, nueva secretaria de Política Social del PP. «Lo que se haga en un lugar de España tiene que ser semejante a lo que se haga en otro lugar», incidió. Y dio un ejemplo elocuente para denunciar la descoordinación y falta de liderazgo de Sánchez: no se puede poner una vacuna diferente a un niño en dos regiones distintas. Desde el PP recuerdan que llevan meses proponiendo al Gobierno un «plan B» en materia jurídica para dar certidumbre a las autonomías -así lo vienen exigiendo los presidentes regionales de distinto signo político- y un plan de choque económico además de un pacto de Estado por la Sanidad (Cajal). Reencuentros en Moncloa Pero pese a la gravedad de la situación, la incomunicación entre el Gobierno y el partido de la oposición ha sido notoria. Sánchez lleva tres meses sin descolgar siquiera el teléfono para hablar con el líder de la oposición. Ayer le convocó a una reunión en La Moncloa. Será el martes 2 de septiembre, seis meses y medio después del último encuentro presencial, el 18 de febrero. Sánchez abrirá con Casado su anunciada ronda de contactos con la oposición tras el parón estival. Ese mismo día por la tarde recibirá a Inés Arrimadas, de Ciudadanos. El miércoles será el turno del portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El jefe del Ejecutivo pretende explorar apoyos para los Presupuestos de 2021, llamará a «despolitizar» la lucha contra la pandemia» y demandará al PP abordar la renovacion de cargos de las altas instituciones del Estado, como el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, así como RTVE, subrayan desde Moncloa. En Génova recalcan que Casado irá «para aportar soluciones», aunque lamentan que la reunión, concertada ayer por la mañana entre los jefes de gabinete de los dos líderes, llega tarde. Y recuerdan que en la última sesión de control al Gobierno, en julio, Casado ofreció a Sánchez trabajar conjuntamente en una alternativa jurídica a la activación del estado de alarma, «pero decidió irse de vacaciones». Sobre los Presupuestos, el PP insiste en que sus postulados económicos son «incompatibles» con Podemos. Lo mismo alega Ciudadanos, en cuyo apoyo sí confía Moncloa para aprobar las cuentas y superar el nuevo test de estrés de la legislatura.
Feijóo llevará a Sánchez y al Congreso su propuesta de reforma sanitaria
Alberto Núñez Feijóo ha dicho basta. El presidente en funciones de Galicia, que volverá a ser investido la próxima semana, ha decidido pasar a la acción tras la decepcionante oferta del Gobierno a las comunidades autónomas para que se acojan, si así lo quieren, a un estado de alarma a la carta. Cinco meses después de que se desatara la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo no tiene decidido reformar la legislación ordinaria para dotar a las comunidades de herramientas más ágiles y certeras que ayuden a atajar la crisis. Así se lo viene exigiendo Pablo Casado desde mayo, pero Feijóo ha decidido concretar la contraofensiva a Moncloa e irá más lejos. A mediados de septiembre, Feijóo remitirá a Moncloa una propuesta de modificación de la normativa de Salud Pública, que tiene rango de ley orgánica. Ese mismo texto que el equipo jurídico de la Xunta está ahora ultimando, se enviará al Parlamento gallego para su aprobación y posterior remisión al Congreso de los Diputados como Proposición de Ley. El protagonismo será mayúsculo porque se trata de una iniciativa de un Parlamento regional -donde el PP tiene mayoría absoluta- defendiendo una ley nacional, y no de ámbito estrictamente autonómico como suelen ser las reformas estatutarias que votan las Cortes. Seguridad jurídica El líder gallego se sumó al estupor generalizado entre las autonomías y rechazó el plan de Moncloa que propone como único recurso reactivar el mecanismo excepcional. «No puede ser que volvamos a la casilla de salida» del 14 de marzo, observó. Feijóo avanzó que su texto legislativo concretará las competencias del Gobierno central y los autonómicos y, a su vez, qué decisiones puede adoptar el presidente de una comunidad autónoma sin ratificación judicial y cuáles la exigirían, por entrar en conflicto con derechos fundamentales. Como beneficio añadido, se evitaría tener que convocar el Congreso reiteradamente. Y, sobre todo, «no tendríamos 17 criterios distintos», «17 recetas sanitarias», glosó. El mandatario gallego censuró que Sánchez «renuncia a liderar» la gestión de la pandemia, «siendo España una de las naciones más castigadas». Que no se articule «una legislación sanitaria para una crisis sanitaria» es algo que «no se explica nadie». El «plan B» de Génova Feijóo anunció su aportación justo cuando Casado reunía en Génova a los consejeros de Sanidad y Educación de las autonomías donde gobierna el PP para exigir a Moncloa una estrategia nacional con medidas «homogéneas» para todos. Empezando por un plan coordinado de vuelta a las aulas, que hoy abordarán las comunidades y el Gobierno en la Conferencia Sectorial de Educación. Génova insiste en tener su propio «plan B» basado en clases presenciales, distancia de seguridad, uso generalizado de las mascarillas y los test PCR a profesores. «Le pedimos al Gobierno que asuma su responsabilidad. La responsabilidad no se delega nunca», señaló Ana Pastor, nueva secretaria de Política Social del PP. «Lo que se haga en un lugar de España tiene que ser semejante a lo que se haga en otro lugar», incidió. Y dio un ejemplo elocuente para denunciar la descoordinación y falta de liderazgo de Sánchez: no se puede poner una vacuna diferente a un niño en dos regiones distintas. Desde el PP recuerdan que llevan meses proponiendo al Gobierno un «plan B» en materia jurídica para dar certidumbre a las autonomías -así lo vienen exigiendo los presidentes regionales de distinto signo político- y un plan de choque económico además de un pacto de Estado por la Sanidad (Cajal). Reencuentros en Moncloa Pero pese a la gravedad de la situación, la incomunicación entre el Gobierno y el partido de la oposición ha sido notoria. Sánchez lleva tres meses sin descolgar siquiera el teléfono para hablar con el líder de la oposición. Ayer le convocó a una reunión en La Moncloa. Será el martes 2 de septiembre, seis meses y medio después del último encuentro presencial, el 18 de febrero. Sánchez abrirá con Casado su anunciada ronda de contactos con la oposición tras el parón estival. Ese mismo día por la tarde recibirá a Inés Arrimadas, de Ciudadanos. El miércoles será el turno del portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El jefe del Ejecutivo pretende explorar apoyos para los Presupuestos de 2021, llamará a «despolitizar» la lucha contra la pandemia» y demandará al PP abordar la renovacion de cargos de las altas instituciones del Estado, como el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, así como RTVE, subrayan desde Moncloa. En Génova recalcan que Casado irá «para aportar soluciones», aunque lamentan que la reunión, concertada ayer por la mañana entre los jefes de gabinete de los dos líderes, llega tarde. Y recuerdan que en la última sesión de control al Gobierno, en julio, Casado ofreció a Sánchez trabajar conjuntamente en una alternativa jurídica a la activación del estado de alarma, «pero decidió irse de vacaciones». Sobre los Presupuestos, el PP insiste en que sus postulados económicos son «incompatibles» con Podemos. Lo mismo alega Ciudadanos, en cuyo apoyo sí confía Moncloa para aprobar las cuentas y superar el nuevo test de estrés de la legislatura.
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