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El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, de 782 plazas aunque con 1.354 residentes en la actualidad, 43 de ellos en aislamiento tras la reciente detección de cuatro positivos, es un «problema de salud pública». Son palabras del presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, cuyos reiterados llamamientos a Pedro Sánchez «durante las quince conferencias de presidentes autonómicas del estado de alarma» para que aliviara el hacinamiento de la instalación, nunca fueron escuchados. «Avisé al Gobierno de que estaba desbordándose, es un hacinamiento insostenible, los ministerios también son conscientes», certifica. De ahí que la multiplicación del virus registrada esta semana, -y que no es más que la materialización de un riesgo anunciado-, haya puesto al Gobierno local ante una situación crítica: el viernes pasado ordenó el confinamiento del CETI, un establecimiento de régimen abierto que permite a sus ocupantes entrar y salir con libertad. Las fuerzas de seguridad ya han tramitado denuncias contra 160 de ellos por no llevar mascarilla. Pero el juez de guardia dejó el martes sin efecto la resolución por creerla insuficientemente justificada y ayer, la Administración dirigida por De Castro trabajaba a contrarreloj para formular un nuevo texto «con todas las garantías», que pueda ser ratificado por la autoridad judicial este jueves o el viernes como máximo. «Ese confinamiento es necesario, cuanto antes mejor, pero no depende de nosotros, los jueces tienen que hacer su trabajo», admitía el presidente, con la confianza en que esta vez sí habrá autorización. Pendientes de Marlaska Al margen, las condiciones de saturación del centro se traducían ayer por segundo día consecutivo en protestas de los residentes, que ante la perspectiva de ser encerrados y además en un espacio tan insuficiente, protagonizaron un motín violento. Nueve guardias civiles y tres policías nacionales resultaron heridos, varios de ellos al ser alcanzados por las piedras que lanzaban los inmigrantes, 26 de los cuales fueron detenidos. La doctora del centro tuvo que ser evacuada «ante su estado de nerviosismo», informó la Delegación del Gobierno en la ciudad. Para evaluar la posición límite ante la que se encuentran las autoridades de Melilla, conviene no perder de vista que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado y que el CETI es responsabilidad del Ministerio de Inclusión y Migraciones que dirige José Luis Escrivá. En un informe, el propio director del alojamiento ha certificado: «el centro tiene sobreocupación y es complicado mantener las medidas sanitarias, y más si tenemos en cuenta que trabajamos con una población que no acepta medidas restrictivas (...) tiene limitada su capacidad de poder aislar a más residentes en caso de presentar los síntomas». «No es posible mantener las distancias de seguridad para evitar contagios entre ellos, de ahí nuestra preocupación», lamentaba Eduardo de Castro junto con la imposibilidad de «fletar un barco» como Gobierno local para reducir la ocupación del centro de estancia temporal. Ayer solicitó una entrevista telefónica con el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska en un intento más por que se realicen traslados de inmigrantes a la Península, suspendidos desde el inicio de la pandemia a excepción de uno que se ejecutó en mayo para 50 acogidos «vulnerables». El presidente de Melilla no pierde la esperanza. «Quiero confiar en que el Gobierno está actuando, lo tenía que haber hecho antes, para que tengamos un número de inmigrantes que se pueda controlar mejor... somos una ciudad de 12 kilómetros cuadrados», recuerda, y además que Melilla cuenta con una de las mayores poblaciones de menas de España. Más allá de las severas restricciones de movilidad vigentes durante la mayor parte del estado de alarma, el Ministerio no ha explicado las razones de la cancelación de traslados. Tampoco a este diario, al que fuentes del departamento emplazaron a una comparecencia hoy de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.
El hacinamiento y el Covid convierten el CETI de Melilla «en un problema de salud pública»
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, de 782 plazas aunque con 1.354 residentes en la actualidad, 43 de ellos en aislamiento tras la reciente detección de cuatro positivos, es un «problema de salud pública». Son palabras del presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, cuyos reiterados llamamientos a Pedro Sánchez «durante las quince conferencias de presidentes autonómicas del estado de alarma» para que aliviara el hacinamiento de la instalación, nunca fueron escuchados. «Avisé al Gobierno de que estaba desbordándose, es un hacinamiento insostenible, los ministerios también son conscientes», certifica. De ahí que la multiplicación del virus registrada esta semana, -y que no es más que la materialización de un riesgo anunciado-, haya puesto al Gobierno local ante una situación crítica: el viernes pasado ordenó el confinamiento del CETI, un establecimiento de régimen abierto que permite a sus ocupantes entrar y salir con libertad. Las fuerzas de seguridad ya han tramitado denuncias contra 160 de ellos por no llevar mascarilla. Pero el juez de guardia dejó el martes sin efecto la resolución por creerla insuficientemente justificada y ayer, la Administración dirigida por De Castro trabajaba a contrarreloj para formular un nuevo texto «con todas las garantías», que pueda ser ratificado por la autoridad judicial este jueves o el viernes como máximo. «Ese confinamiento es necesario, cuanto antes mejor, pero no depende de nosotros, los jueces tienen que hacer su trabajo», admitía el presidente, con la confianza en que esta vez sí habrá autorización. Pendientes de Marlaska Al margen, las condiciones de saturación del centro se traducían ayer por segundo día consecutivo en protestas de los residentes, que ante la perspectiva de ser encerrados y además en un espacio tan insuficiente, protagonizaron un motín violento. Nueve guardias civiles y tres policías nacionales resultaron heridos, varios de ellos al ser alcanzados por las piedras que lanzaban los inmigrantes, 26 de los cuales fueron detenidos. La doctora del centro tuvo que ser evacuada «ante su estado de nerviosismo», informó la Delegación del Gobierno en la ciudad. Para evaluar la posición límite ante la que se encuentran las autoridades de Melilla, conviene no perder de vista que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado y que el CETI es responsabilidad del Ministerio de Inclusión y Migraciones que dirige José Luis Escrivá. En un informe, el propio director del alojamiento ha certificado: «el centro tiene sobreocupación y es complicado mantener las medidas sanitarias, y más si tenemos en cuenta que trabajamos con una población que no acepta medidas restrictivas (...) tiene limitada su capacidad de poder aislar a más residentes en caso de presentar los síntomas». «No es posible mantener las distancias de seguridad para evitar contagios entre ellos, de ahí nuestra preocupación», lamentaba Eduardo de Castro junto con la imposibilidad de «fletar un barco» como Gobierno local para reducir la ocupación del centro de estancia temporal. Ayer solicitó una entrevista telefónica con el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska en un intento más por que se realicen traslados de inmigrantes a la Península, suspendidos desde el inicio de la pandemia a excepción de uno que se ejecutó en mayo para 50 acogidos «vulnerables». El presidente de Melilla no pierde la esperanza. «Quiero confiar en que el Gobierno está actuando, lo tenía que haber hecho antes, para que tengamos un número de inmigrantes que se pueda controlar mejor... somos una ciudad de 12 kilómetros cuadrados», recuerda, y además que Melilla cuenta con una de las mayores poblaciones de menas de España. Más allá de las severas restricciones de movilidad vigentes durante la mayor parte del estado de alarma, el Ministerio no ha explicado las razones de la cancelación de traslados. Tampoco a este diario, al que fuentes del departamento emplazaron a una comparecencia hoy de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.
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