El Gobierno de Melilla se vio obligado ayer a reabrir las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) después de que la justicia negara por segunda vez el confinamiento de este recurso, donde según el consejero de Salud Pública de la Ciudad Autónoma, Mohamed Mohamed Mohand existe un «brote» de coronavirus que supone un riesgo. En el auto emitido este viernes, el juez reconoce que hay «siete residentes positivos confirmados (que ya no están en el centro, al menos cuatro de ellos), 43 internos sospechosos aislados, 150 internos sospechosos por contacto directo (en cuarentena) y 5 trabajadores confirmados». A pesar de ese baile de cifras, tanto esta fuente como la local hablan de 8 positivos. Entre otros argumentos, la resolución entiende «que la proporcionalidad de la medida no es suficiente» al ser el número de casos confirmados «un 0,5 % del colectivo al que se pretende aplicar».«El aumento de positivos no es tan abultado como pudiera parecer desde una perspectiva numérica», dice. Pero es que también se indica que la medida «no parece que pudiera ser eficaz», en tanto que el CETI «no cumple los requisitos mínimos de habitabilidad, seguridad e higiene» dada su masificación, 1354 internos en 782 plazas. Precisamente aliviar esa congestión es lo que el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, lleva reclamando al Gobierno desde el inicio de la pandemia, en concreto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en conversación telefónica el miércoles respondió al mandatario local que tal exigencia no se podía resolver «en 24 horas». De hecho, el juez sugiere que puede ser el departamento de Marlaska el que «solicite medidas restrictivas del derecho a la libertad ambulatoria» de los acogidos en el CETI, que tal como han sido planteadas, el magistrado considera «inconstitucional y e ilegal». Aceptar restricciones El Centro de Estancia Temporal, -cuyo régimen común es abierto, lo que permite a los inmigrantes entrar y salir con libertad- fue confinado el pasado jueves por el Gobierno local, si bien el martes una primera decisión judicial decidió no ratificar esta actuación. En las horas siguientes, el equipo de Eduardo de Castro trabajó en la revisión del texto y también se incorporaron informes nuevos «para justificar más si cabe el confinamiento». No obstante, el juez ha determinado que le han presentado es «exáctamente igual» a lo que había sido ya denegado. Cabe recurso contra su pronunciamiento. En uno de los informes que se adjuntaron en el primer momento, el director del CETI daba cuenta de que la población que acoge el establecimiento «no acepta medidas restrictivas», y prueba de ello es que ha trascendido que la Policía impuso a 160 de ellos multas por no llevar mascarilla cuando podían salir a la calle. Víctimas del encierro en condiciones de ese hacinamiento, unos doscientos de los usuarios del centro protagonizaron el pasado miércoles un motín violento, en el que resultaron heridos seis guardias civiles y dos policías nacionales. La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, proclamó el jueves que «no quedarán impunes». Desde el PP, su senadora por Melilla, Sofía Acedo, ha advertido de que la Ciudad Autónoma «puede ir acumulando desgracias y dramas con la cuestión migratoria» por el abandono y dejadez que, en su opinión, están teniendo tanto el Ejecutivo central que dirige Pedro Sánchez como el melillense en esta materia.
El juez obliga a reabrir el CETI de Melilla con un brote de 8 positivos
El Gobierno de Melilla se vio obligado ayer a reabrir las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) después de que la justicia negara por segunda vez el confinamiento de este recurso, donde según el consejero de Salud Pública de la Ciudad Autónoma, Mohamed Mohamed Mohand existe un «brote» de coronavirus que supone un riesgo. En el auto emitido este viernes, el juez reconoce que hay «siete residentes positivos confirmados (que ya no están en el centro, al menos cuatro de ellos), 43 internos sospechosos aislados, 150 internos sospechosos por contacto directo (en cuarentena) y 5 trabajadores confirmados». A pesar de ese baile de cifras, tanto esta fuente como la local hablan de 8 positivos. Entre otros argumentos, la resolución entiende «que la proporcionalidad de la medida no es suficiente» al ser el número de casos confirmados «un 0,5 % del colectivo al que se pretende aplicar».«El aumento de positivos no es tan abultado como pudiera parecer desde una perspectiva numérica», dice. Pero es que también se indica que la medida «no parece que pudiera ser eficaz», en tanto que el CETI «no cumple los requisitos mínimos de habitabilidad, seguridad e higiene» dada su masificación, 1354 internos en 782 plazas. Precisamente aliviar esa congestión es lo que el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, lleva reclamando al Gobierno desde el inicio de la pandemia, en concreto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en conversación telefónica el miércoles respondió al mandatario local que tal exigencia no se podía resolver «en 24 horas». De hecho, el juez sugiere que puede ser el departamento de Marlaska el que «solicite medidas restrictivas del derecho a la libertad ambulatoria» de los acogidos en el CETI, que tal como han sido planteadas, el magistrado considera «inconstitucional y e ilegal». Aceptar restricciones El Centro de Estancia Temporal, -cuyo régimen común es abierto, lo que permite a los inmigrantes entrar y salir con libertad- fue confinado el pasado jueves por el Gobierno local, si bien el martes una primera decisión judicial decidió no ratificar esta actuación. En las horas siguientes, el equipo de Eduardo de Castro trabajó en la revisión del texto y también se incorporaron informes nuevos «para justificar más si cabe el confinamiento». No obstante, el juez ha determinado que le han presentado es «exáctamente igual» a lo que había sido ya denegado. Cabe recurso contra su pronunciamiento. En uno de los informes que se adjuntaron en el primer momento, el director del CETI daba cuenta de que la población que acoge el establecimiento «no acepta medidas restrictivas», y prueba de ello es que ha trascendido que la Policía impuso a 160 de ellos multas por no llevar mascarilla cuando podían salir a la calle. Víctimas del encierro en condiciones de ese hacinamiento, unos doscientos de los usuarios del centro protagonizaron el pasado miércoles un motín violento, en el que resultaron heridos seis guardias civiles y dos policías nacionales. La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, proclamó el jueves que «no quedarán impunes». Desde el PP, su senadora por Melilla, Sofía Acedo, ha advertido de que la Ciudad Autónoma «puede ir acumulando desgracias y dramas con la cuestión migratoria» por el abandono y dejadez que, en su opinión, están teniendo tanto el Ejecutivo central que dirige Pedro Sánchez como el melillense en esta materia.
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