
El doctor Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, retó a sus compañeros, diputados de Ciudadanos, a «entrar con un médico en una habitación y poner una medicación al enfermo terminal y aguantar su mirada». Por supuesto, no le hicieron caso. Los autodefinidos liberales apoyaron la ley de Eutanasia y suicidio asistido que mete al Estado a interventor decisivo del inventado derecho a morir. Mientras la mayoría gubernamental, reforzada por el sí de Arrimadas, aprobaba otra ley en estado de alarma, el Tribunal Supremo reabría la investigación de la masacre en las residencias de ancianos en los primeros meses de pandemia. Los mismos que, con toda razón, clamaron justicia, para esclarecer si hubo descarte de los débiles, impedidos...
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