El PSOE ha optado por no desgastar demasiado a su compañero de Gobierno consciente de que su suerte está atada a la de Podemos. Los socialistas rechazaron ayer la petición de comparecencia urgente de Pablo Iglesias para que explique en el Congreso la imputación de su partido por presunta malversación. Los socios de la moción de censura de Pedro Sánchez, cimentada sobre el argumento de la corrupción del PP, contribuyeron a construir el muro para proteger a Podemos, cercado por varios frentes judiciales. Solo Vox apoyó la petición de PP, que insiste en crear una comisión de investigación, y de Ciudadanos. El diputado de Podemos Enrique Santiago les acusó de «golpismo de guante blanco» y lo redujo todo a una cacería contra el Gobierno. La Diputación Permanente del Congreso retomó ayer la actividad parlamentaria tras el parón estival en pleno recrudecimiento de la crisis sanitaria por el coronavirus y ante un negro horizonte social y económico del país. Pero la mayor disputa política fue sobre los procesos judiciales que cercan a Iglesias y a Podemos. Sánchez ordenó a los suyos rebajar la presión y cerró filas consu vicepresidente segundo. Desde La Moncloa, expresó su «total confianza» en su aliado gubernamental. Los socialistas rebajaron la gravedad de la causa abierta por un juez de Madrid sobre la presunta financiación irregular de los de Iglesias, por la que están imputados el tesorero, el gerente y el responsable de comunicación, así como el propio partido, argumentando que ésta es fruto de la denuncia del exabogado, y no de una investigación policial o de la Fiscalía, lo que a juicio del diputado Felipe Sicilia le resta cuerpo. Tampoco dan importancia a que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas observe indicios de fraude electoral por la contabilidad de Podemos en las generales de abril de 2019. Podemos exige a Hacienda que rectifique el plan confiscatorio sobre los municipios Pese a que una parte del Gobierno socialista consideraba oportuno que Iglesias ofreciera «máxima transparencia» a este asunto, en palabras de la ministra de Defensa Margarita Robles, Moncloa ordenó hacer de escudo y dejar que la Justicia resuelva. La misma actitud que adoptaron ante el estallido del escándalo del caso Dina y el papel controvertido de Iglesias, que retuvo la tarjeta telefónica a su asesora, y que investiga la Audiencia Nacional. Una vara distinta a la aplicada a los cargos del PP: Rita Barberá, Pedro Antonio Sánchez... «Demasiadas sombras» El PP pedía explicaciones a Iglesias y la apertura de una comisión de investigación sobre la financiación de Podemos, al estilo de la que le abrió la oposición a Rajoy. «Vamos a ser implacables en la exigencia de transparencia», afirmó Cuca Gamarra, que se estrenó como portavoz del grupo mordiendo a Iglesias. Gamarra pidió la dimisión del vicepresidente y acusó al PSOE de protegerle. «Son demasiadas sombras, debilitan al conjunto del Gobierno. Si Sánchez nombró a Iglesias, es Sánchez debe cesar a Iglesias. Son rehenes del uno al otro», advirtió. Cs, que aterrizó en la política nacional como Podemos exigiendo regeneración, también propuso la comparecencia de Iglesias, respaldada por Vox. Guillermo Díaz aseguró que el «relato de las cloacas» se le ha vuelto en contra a «P. Iglesias»: «Si mañana hubiera un 15-M sería contra ustedes». El PNV, que apoyó la moción de censura tras la condena de la Gürtel, afirmó que este caso está en fase «indiciaria». Pero recordó que Podemos ha actuado antes de «juez sumarísimo» contra rivales políticos, sin respetar la presunción de inocencia. Iglesias defendía que a imputación, dimisión. Sus aliados parlamentarios le evitarán ese trago al Gobierno. El Congreso no ve urgente que Illa explique cuanto antes la gravedad de los rebrotes del coronavirus En la reunión de la Diputación Permanente, con los diputados de guardia luciendo mascarillas, se aprobaron solo dos de las ocho solicitudes de comparecencias urgentes formuladas. Pese al preocupante ritmo de contagios por coronavirus, el Congreso no vio la urgencia para llamar al ministro de Sanidad en las próximas horas. Salvador Illa no comparecerá hasta la próxima semana, ya a petición propia. Rechazo a la confiscación de los municipios La Cámara sí aprobó la comparecencia cuanto antes de la ministra de Educación, que será el lunes 31 de agosto, según los grupos. Solo unos días antes del regreso a las aulas, en medio del caos educativo y ante la incertidumbre total de las familias. También deberá explicarse la ministra de Hacienda ante la oposición total del resto de la Cámara, incluido Podemos, a su plan de quedarse con el superávit (ahorro) de los ayuntamientos, que ha originado la rebelión de los alcaldes contra la gestión de La Moncloa. Todos los grupos, salvo el PSOE, exigieron una rectificación al ánimo «confiscatorio» de María Jesús Montero. No se le dio celeridad a que las responsables de Exteriores y de Turismo acudan al Parlamento pese al hundimiento del sector turístico (165 países pusieron restricciones para venir a España). Sánchez tampoco será interrogado en la Cámara por el reparto de fondos de rescate europeos.
El PSOE exculpa a Podemos y resta valor a la imputación del juez
El PSOE ha optado por no desgastar demasiado a su compañero de Gobierno consciente de que su suerte está atada a la de Podemos. Los socialistas rechazaron ayer la petición de comparecencia urgente de Pablo Iglesias para que explique en el Congreso la imputación de su partido por presunta malversación. Los socios de la moción de censura de Pedro Sánchez, cimentada sobre el argumento de la corrupción del PP, contribuyeron a construir el muro para proteger a Podemos, cercado por varios frentes judiciales. Solo Vox apoyó la petición de PP, que insiste en crear una comisión de investigación, y de Ciudadanos. El diputado de Podemos Enrique Santiago les acusó de «golpismo de guante blanco» y lo redujo todo a una cacería contra el Gobierno. La Diputación Permanente del Congreso retomó ayer la actividad parlamentaria tras el parón estival en pleno recrudecimiento de la crisis sanitaria por el coronavirus y ante un negro horizonte social y económico del país. Pero la mayor disputa política fue sobre los procesos judiciales que cercan a Iglesias y a Podemos. Sánchez ordenó a los suyos rebajar la presión y cerró filas consu vicepresidente segundo. Desde La Moncloa, expresó su «total confianza» en su aliado gubernamental. Los socialistas rebajaron la gravedad de la causa abierta por un juez de Madrid sobre la presunta financiación irregular de los de Iglesias, por la que están imputados el tesorero, el gerente y el responsable de comunicación, así como el propio partido, argumentando que ésta es fruto de la denuncia del exabogado, y no de una investigación policial o de la Fiscalía, lo que a juicio del diputado Felipe Sicilia le resta cuerpo. Tampoco dan importancia a que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas observe indicios de fraude electoral por la contabilidad de Podemos en las generales de abril de 2019. Podemos exige a Hacienda que rectifique el plan confiscatorio sobre los municipios Pese a que una parte del Gobierno socialista consideraba oportuno que Iglesias ofreciera «máxima transparencia» a este asunto, en palabras de la ministra de Defensa Margarita Robles, Moncloa ordenó hacer de escudo y dejar que la Justicia resuelva. La misma actitud que adoptaron ante el estallido del escándalo del caso Dina y el papel controvertido de Iglesias, que retuvo la tarjeta telefónica a su asesora, y que investiga la Audiencia Nacional. Una vara distinta a la aplicada a los cargos del PP: Rita Barberá, Pedro Antonio Sánchez... «Demasiadas sombras» El PP pedía explicaciones a Iglesias y la apertura de una comisión de investigación sobre la financiación de Podemos, al estilo de la que le abrió la oposición a Rajoy. «Vamos a ser implacables en la exigencia de transparencia», afirmó Cuca Gamarra, que se estrenó como portavoz del grupo mordiendo a Iglesias. Gamarra pidió la dimisión del vicepresidente y acusó al PSOE de protegerle. «Son demasiadas sombras, debilitan al conjunto del Gobierno. Si Sánchez nombró a Iglesias, es Sánchez debe cesar a Iglesias. Son rehenes del uno al otro», advirtió. Cs, que aterrizó en la política nacional como Podemos exigiendo regeneración, también propuso la comparecencia de Iglesias, respaldada por Vox. Guillermo Díaz aseguró que el «relato de las cloacas» se le ha vuelto en contra a «P. Iglesias»: «Si mañana hubiera un 15-M sería contra ustedes». El PNV, que apoyó la moción de censura tras la condena de la Gürtel, afirmó que este caso está en fase «indiciaria». Pero recordó que Podemos ha actuado antes de «juez sumarísimo» contra rivales políticos, sin respetar la presunción de inocencia. Iglesias defendía que a imputación, dimisión. Sus aliados parlamentarios le evitarán ese trago al Gobierno. El Congreso no ve urgente que Illa explique cuanto antes la gravedad de los rebrotes del coronavirus En la reunión de la Diputación Permanente, con los diputados de guardia luciendo mascarillas, se aprobaron solo dos de las ocho solicitudes de comparecencias urgentes formuladas. Pese al preocupante ritmo de contagios por coronavirus, el Congreso no vio la urgencia para llamar al ministro de Sanidad en las próximas horas. Salvador Illa no comparecerá hasta la próxima semana, ya a petición propia. Rechazo a la confiscación de los municipios La Cámara sí aprobó la comparecencia cuanto antes de la ministra de Educación, que será el lunes 31 de agosto, según los grupos. Solo unos días antes del regreso a las aulas, en medio del caos educativo y ante la incertidumbre total de las familias. También deberá explicarse la ministra de Hacienda ante la oposición total del resto de la Cámara, incluido Podemos, a su plan de quedarse con el superávit (ahorro) de los ayuntamientos, que ha originado la rebelión de los alcaldes contra la gestión de La Moncloa. Todos los grupos, salvo el PSOE, exigieron una rectificación al ánimo «confiscatorio» de María Jesús Montero. No se le dio celeridad a que las responsables de Exteriores y de Turismo acudan al Parlamento pese al hundimiento del sector turístico (165 países pusieron restricciones para venir a España). Sánchez tampoco será interrogado en la Cámara por el reparto de fondos de rescate europeos.
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