El dato preocupa a los vecinos, a la policías y a las administraciones –a unas más que a otras–, pero sobre todo a los propietarios. Cada día se okupan veinte inmuebles en Cataluña, la mayoría en la provincia de Barcelona. Son casi la mitad de las irrupciones ilegales en domicilios, locales o naves industriales que se registran en España. De los 7.450 inmuebles okupados durante el primer semestre de este año, 3.611 están ubicados en esta comunidad autónoma, 2.436 de ellos en la provincia barcelonesa. El ayuntamiento de la capital catalana, capitaneado por Ada Colau, trató de justificar el viernes el liderazgo catalán en okupaciones: es la región con más desahucios y la que tiene los alquileres más caros. Las cifras son del Ministerio del Interior, que, tal y como informó ayer este diario, trata de buscar, junto a la Fiscalía, soluciones a marchas forzadas ante un mal que se agrava cada día que pasa. Son múltiples los afectados por esta actividad, que en muchos casos controlan mafias y profesionales de la okupación. Los primeros perjudicados, por supuesto, los legítimos propietarios, pero las consecuencias se expanden más allá de las cuatro paredes de los inmuebles. Lo saben bien en el popular barrio de Gorg de Badalona. Hace ya más de una década que una nave industrial, que languidecía abandonada entre las calles Guifré y Tortosa, permanece ocupada ilegalmente. El grupo que se instaló allí inicialmente, jóvenes subsaharianos dedicados sobre todo a la recogida de chatarra, no eran fuente de problemas vecinales. Vivían en condiciones infrahumanas, pero no generaban problemas de convivencia en el entorno. Las cosas comenzaron a complicarse hace tres o cuatro años con la llegada de decenas de nuevos inquilinos ilegales. Ahora ya son dos centenares, según cálculos del Ayuntamiento, y aquello se ha convertido en una «macrookupación», una ciudad sin ley –o con leyes propias– dentro de otra ciudad: «Hasta tienen bar y restaurante», explican fuentes municipales a este diario. Los moradores se multiplicaron en la nave, y con ellos los problemas. «A mis nietos les digo que mejor no pasen por allí cerca de noche», explica arrastrando un carro de la compra una mujer mayor que lleva toda una vida en el barrio. Todos los habitantes de los alrededores de la nave consultados por ABC se pronunciaron en términos similares a su veterana vecina. Enumeran frecuentes peleas, algunos robos, insalubridad, amenazas e incluso alguna que otra agresión. «La mayoría son pacíficos», dice el propietario de un establecimiento cercano, pero añade que basta que de los 200 que allí viven una decena sean problemáticos «para que aquello se convierta en un avispero». Problemas de drogadición, alcoholismo y otros trastornos complican la situación, primero de quienes viven en el interior de la nave en condiciones muy precarias, y segundo de los vecinos de los alrededores, que, muy hartos, se movilizaron antes verano para exigir a las administraciones soluciones urgentes. Control de la zona Al no poder entrar en la nave sin orden judicial, el Ayuntamiento, que encabeza el popular Xavier García Albiol, intenta al menos mantener la conflictividad controlada. Se han diseño operativos conjuntos de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Urbana para llevar a cabo actuaciones en su perímetro y que los problemas no se multipliquen. Cada semana hay detenidos o identificados, la mayoría por cuestiones de extranjería. Esto ha calmado algo los ánimos. «Los vecinos están bastante contentos, ven que estamos allí. Al menos el efecto llamada se ha parado», explica a ABC la concejala de Seguridad de Badalona, Irene González. Los vecinos consultados por este diario consideran que las medidas «no son suficientes». Concuerdan con la edil, eso sí, en que al menos la situación «no ha ido a peor». Badalona es un ejemplo, tal vez un paradigma, de lo que ocurre en la provincia de Barcelona, que en el primer semestre del año ha multiplicado por cuatro las okupaciones que se ha registrado –por ejemplo– la Comunidad de Madrid, 2.644 frente a 675. Hasta donde este diario ha podido saber no existe un desglose de las okupaciones por municipios en ese primer semestre del año. Pero los datos que maneja el Consistorio badalonés reflejan que en 2019 se habían multiplicado por tres las okupaciones respecto a los años anteriores: 252 en 2017; 350 en 2018 y 632 el año pasado. Fuentes del Ayuntamiento responsabilizan a los anteriores gobiernos de comunes, republicanos y socialistas de haber abandonado a su suerte a la ciudad en materia de seguridad; Albiol recuperó el bastó de mando el pasado mes de mayo tras la dimisión de Àlex Pastor después de un altercado con los Mossos. Para la actual corporación, además del refuerzo policial, es indispensable la colaboración ciudadana para alertar de la forma más rápida posible a la Guardia Urbana y abortar así nuevos casos. «La semana pasada tuvimos tres intentos de okupación en una sola tarde», explicaba la edil de seguridad. El Ayuntamiento ha encargado un estudio para conocer el perfil de los pisos okupados y comprobar en cuáles han irrumpido familias con verdaderas necesidades y cuántos han sido invadidos por mafias, traficantes o profesionales de la okupación. Suelen ser estos los que acaban ocasionando más problemas en su entorno, atemorizando, en muchos casos, a buena parte del vecindario, que en el peor de los casos se ven obligados a mudase. Ante la alarma generada en los últimos meses por la multiplicación de las okupaciones, fuentes policiales piden tranquilidad: «La probabilidad de irte de vacaciones y que a la vuelta te encuentres tu piso okupado es casi nula». El grueso de las okupaciones son de inmuebles abandonados, muchos propiedad de bancos y fondos de inversión. Pero no siempre es así. En Badalona recuerdan el caso de una mujer mayor que por enfermedad se había ido a vivir temporalmente con sus hijos. Aunque los familiares no quitaron el ojo de encima al piso de la madre, su precaución no evitó que unos okupas intentasen hacerse con él. Lo frustró la rapidez con que los vecinos dieron la alerta. «Ellos ven un piso vacío y no les importa si es una primer vivienda, segunda o si lleva tiempo vacío», recalca la edil. En Badalona lo tienen claro: es imprescindible una reforma legal. Hace poco los Mossos también pidieron al fiscal superior catalana más herramientas para combatirlo. La solución suele ser rápida si es el domicilio habitual o segunda residencia: un allanamiento de morada, en el que puede decretarse el desalojo inmediato. La cosa se complica en las viviendas deshabitadas, que son la mayoría de los casos, que suelen eternizarse en las mesas de los juzgados.
Cataluña concentra casi la mitad de las ocupaciones ilegales de toda España
El dato preocupa a los vecinos, a la policías y a las administraciones –a unas más que a otras–, pero sobre todo a los propietarios. Cada día se okupan veinte inmuebles en Cataluña, la mayoría en la provincia de Barcelona. Son casi la mitad de las irrupciones ilegales en domicilios, locales o naves industriales que se registran en España. De los 7.450 inmuebles okupados durante el primer semestre de este año, 3.611 están ubicados en esta comunidad autónoma, 2.436 de ellos en la provincia barcelonesa. El ayuntamiento de la capital catalana, capitaneado por Ada Colau, trató de justificar el viernes el liderazgo catalán en okupaciones: es la región con más desahucios y la que tiene los alquileres más caros. Las cifras son del Ministerio del Interior, que, tal y como informó ayer este diario, trata de buscar, junto a la Fiscalía, soluciones a marchas forzadas ante un mal que se agrava cada día que pasa. Son múltiples los afectados por esta actividad, que en muchos casos controlan mafias y profesionales de la okupación. Los primeros perjudicados, por supuesto, los legítimos propietarios, pero las consecuencias se expanden más allá de las cuatro paredes de los inmuebles. Lo saben bien en el popular barrio de Gorg de Badalona. Hace ya más de una década que una nave industrial, que languidecía abandonada entre las calles Guifré y Tortosa, permanece ocupada ilegalmente. El grupo que se instaló allí inicialmente, jóvenes subsaharianos dedicados sobre todo a la recogida de chatarra, no eran fuente de problemas vecinales. Vivían en condiciones infrahumanas, pero no generaban problemas de convivencia en el entorno. Las cosas comenzaron a complicarse hace tres o cuatro años con la llegada de decenas de nuevos inquilinos ilegales. Ahora ya son dos centenares, según cálculos del Ayuntamiento, y aquello se ha convertido en una «macrookupación», una ciudad sin ley –o con leyes propias– dentro de otra ciudad: «Hasta tienen bar y restaurante», explican fuentes municipales a este diario. Los moradores se multiplicaron en la nave, y con ellos los problemas. «A mis nietos les digo que mejor no pasen por allí cerca de noche», explica arrastrando un carro de la compra una mujer mayor que lleva toda una vida en el barrio. Todos los habitantes de los alrededores de la nave consultados por ABC se pronunciaron en términos similares a su veterana vecina. Enumeran frecuentes peleas, algunos robos, insalubridad, amenazas e incluso alguna que otra agresión. «La mayoría son pacíficos», dice el propietario de un establecimiento cercano, pero añade que basta que de los 200 que allí viven una decena sean problemáticos «para que aquello se convierta en un avispero». Problemas de drogadición, alcoholismo y otros trastornos complican la situación, primero de quienes viven en el interior de la nave en condiciones muy precarias, y segundo de los vecinos de los alrededores, que, muy hartos, se movilizaron antes verano para exigir a las administraciones soluciones urgentes. Control de la zona Al no poder entrar en la nave sin orden judicial, el Ayuntamiento, que encabeza el popular Xavier García Albiol, intenta al menos mantener la conflictividad controlada. Se han diseño operativos conjuntos de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Urbana para llevar a cabo actuaciones en su perímetro y que los problemas no se multipliquen. Cada semana hay detenidos o identificados, la mayoría por cuestiones de extranjería. Esto ha calmado algo los ánimos. «Los vecinos están bastante contentos, ven que estamos allí. Al menos el efecto llamada se ha parado», explica a ABC la concejala de Seguridad de Badalona, Irene González. Los vecinos consultados por este diario consideran que las medidas «no son suficientes». Concuerdan con la edil, eso sí, en que al menos la situación «no ha ido a peor». Badalona es un ejemplo, tal vez un paradigma, de lo que ocurre en la provincia de Barcelona, que en el primer semestre del año ha multiplicado por cuatro las okupaciones que se ha registrado –por ejemplo– la Comunidad de Madrid, 2.644 frente a 675. Hasta donde este diario ha podido saber no existe un desglose de las okupaciones por municipios en ese primer semestre del año. Pero los datos que maneja el Consistorio badalonés reflejan que en 2019 se habían multiplicado por tres las okupaciones respecto a los años anteriores: 252 en 2017; 350 en 2018 y 632 el año pasado. Fuentes del Ayuntamiento responsabilizan a los anteriores gobiernos de comunes, republicanos y socialistas de haber abandonado a su suerte a la ciudad en materia de seguridad; Albiol recuperó el bastó de mando el pasado mes de mayo tras la dimisión de Àlex Pastor después de un altercado con los Mossos. Para la actual corporación, además del refuerzo policial, es indispensable la colaboración ciudadana para alertar de la forma más rápida posible a la Guardia Urbana y abortar así nuevos casos. «La semana pasada tuvimos tres intentos de okupación en una sola tarde», explicaba la edil de seguridad. El Ayuntamiento ha encargado un estudio para conocer el perfil de los pisos okupados y comprobar en cuáles han irrumpido familias con verdaderas necesidades y cuántos han sido invadidos por mafias, traficantes o profesionales de la okupación. Suelen ser estos los que acaban ocasionando más problemas en su entorno, atemorizando, en muchos casos, a buena parte del vecindario, que en el peor de los casos se ven obligados a mudase. Ante la alarma generada en los últimos meses por la multiplicación de las okupaciones, fuentes policiales piden tranquilidad: «La probabilidad de irte de vacaciones y que a la vuelta te encuentres tu piso okupado es casi nula». El grueso de las okupaciones son de inmuebles abandonados, muchos propiedad de bancos y fondos de inversión. Pero no siempre es así. En Badalona recuerdan el caso de una mujer mayor que por enfermedad se había ido a vivir temporalmente con sus hijos. Aunque los familiares no quitaron el ojo de encima al piso de la madre, su precaución no evitó que unos okupas intentasen hacerse con él. Lo frustró la rapidez con que los vecinos dieron la alerta. «Ellos ven un piso vacío y no les importa si es una primer vivienda, segunda o si lleva tiempo vacío», recalca la edil. En Badalona lo tienen claro: es imprescindible una reforma legal. Hace poco los Mossos también pidieron al fiscal superior catalana más herramientas para combatirlo. La solución suele ser rápida si es el domicilio habitual o segunda residencia: un allanamiento de morada, en el que puede decretarse el desalojo inmediato. La cosa se complica en las viviendas deshabitadas, que son la mayoría de los casos, que suelen eternizarse en las mesas de los juzgados.
0 Commentaires