En los cuadros del PSOE y su disputa con los socios de gobierno por los temas de igualdad, ayer hubo una de cal y otra de arena. Al principio de la mañana, Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Ejecutivo, mantenía las espadas en alto y acusaba de incoherentes a los morados por haber urdido en el Congreso un intento de tumbar la ley socialista para la igualdad de trato, la ya bautizada como ‘ley Zerolo’ en homenaje al dirigente socialista fallecido en 2015, Pedro Zerolo. «¿Para qué están en política si no es para apoyar las cosas reales?», lanzó Calvo de forma acusatoria, deshaciendo aún más las costuras de la coalición. Calvo fue a la yugular al admitir que haya discrepancias internas, pero confesó que le preocupan las formas que han exhibido en Unidas Podemos, máxime después de que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, también socialista, reconociese que los dirigentes de Podemos hablaron con ERC, Más País –e incluso con el Partido Popular– para que la ‘ley Zerolo’ no fuese aceptada para su toma en consideración, algo que finalmenete no ocurrió y la propuesta superó el trámite en el Congreso el pasado día 16. Podemos ha negado ese juego parlamentario. Poco después, el PSOE no ejecutó su venganza y no maniobró de igual modo para que no saliese adelante la proposición no de ley (PNL) que insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que reforme la ley del aborto. Era Podemos quien defendía esta PNL y en las horas previas, se llegó a plantear la posibilidad de que los socialistas se tomaran la revancha por la abstención podemita a la ‘ley Zerolo’. No se consumó y la iniciativa de los morados –que adelantó el pasado otoño la ministra de Igualdad, Irene Montero– obtuvo el apoyo mayoritario en la Cámara Baja. Esta propuesta reclama al Ejecutivo modificar la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva con el objetivo de que recoja la violencia obstétrica, la explotación reproductiva, la esterilización forzosa y el aborto forzado como formas de violencia contra las mujeres; así como la eliminación del periodo de reflexión necesario antes de interrumpir un embarazo. Además, llama a derogar la reforma que el PP acuñó en 2015, para impedir que las menores interrumpan su gestación sin permiso de sus progenitores o tutores. El proyecto morado sigue adelante.
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