Como estamos en el tiempo de la sospecha como categoría rectora del pensamiento, es difícil creer que al gobierno de Pedro Sánchez le haya salido mal la jugada de las inmatriculaciones. Tampoco es un plato de buen gusto que todo el mundo tenga a golpe de clic un listado de los bienes, también históricos, de la Iglesia. A nadie le agradaría, y menos en este tiempo, que su lista de propiedades estuviera a disposición de sus vecinos cuando además hay alguno retorcido. Que la vicepresidenta Carmen Calvo haya reconocido que la Iglesia católica hizo bien el procedimiento de la inmatriculación no debe ser un plato de buen gusto para quienes han alimentado la política de mandar a la Iglesia a las catacumbas. Por mucho que se repita que el cardenal Omella es un encantador de serpientes, y que es capaz de hacer magia incluso en la pista del circo de Iván Redondo, como dice el Evangelio, nada hay oculto que no llegue a revelarse. Al margen de la demagogia que se pueda hacer en la opinión pública con el manido tema de las riquezas de la Iglesia, hay quien piensa que, una vez que se tiene la lista de los bienes, un catálogo preciso, y que ya ha pasado el tiempo para el preceptivo recurso, el siguiente paso será planificar un proceso de nacionalización del patrimonio de la Iglesia. Una desamortización en toda regla, tal y como piden las asociaciones laicas que alientan esta campaña. Mientras España sea un Estado de derecho este procedimiento es complicado. Pero no descartemos que pongan el ojo en algún fondo patrimonial, por ejemplo, las propiedades de una obra pía y piadosa. Otra estrategia es, de forma más sibilina, solicitar a la Iglesia la gestión compartida de determinados bienes patrimoniales. Por ejemplo, las catedrales. ¿No les ha llamado la atención la rapidez con la que el Cabildo de Córdoba emitió una nota pública alegrándose del reconocimiento de la legalidad de la inmatriculación de esa Catedral? Y supongo que no se hizo solo por la fijación de la vicepresidenta Carmen Calvo con esa Seo…
Ahora toca desamortizar a la Iglesia
Como estamos en el tiempo de la sospecha como categoría rectora del pensamiento, es difícil creer que al gobierno de Pedro Sánchez le haya salido mal la jugada de las inmatriculaciones. Tampoco es un plato de buen gusto que todo el mundo tenga a golpe de clic un listado de los bienes, también históricos, de la Iglesia. A nadie le agradaría, y menos en este tiempo, que su lista de propiedades estuviera a disposición de sus vecinos cuando además hay alguno retorcido. Que la vicepresidenta Carmen Calvo haya reconocido que la Iglesia católica hizo bien el procedimiento de la inmatriculación no debe ser un plato de buen gusto para quienes han alimentado la política de mandar a la Iglesia a las catacumbas. Por mucho que se repita que el cardenal Omella es un encantador de serpientes, y que es capaz de hacer magia incluso en la pista del circo de Iván Redondo, como dice el Evangelio, nada hay oculto que no llegue a revelarse. Al margen de la demagogia que se pueda hacer en la opinión pública con el manido tema de las riquezas de la Iglesia, hay quien piensa que, una vez que se tiene la lista de los bienes, un catálogo preciso, y que ya ha pasado el tiempo para el preceptivo recurso, el siguiente paso será planificar un proceso de nacionalización del patrimonio de la Iglesia. Una desamortización en toda regla, tal y como piden las asociaciones laicas que alientan esta campaña. Mientras España sea un Estado de derecho este procedimiento es complicado. Pero no descartemos que pongan el ojo en algún fondo patrimonial, por ejemplo, las propiedades de una obra pía y piadosa. Otra estrategia es, de forma más sibilina, solicitar a la Iglesia la gestión compartida de determinados bienes patrimoniales. Por ejemplo, las catedrales. ¿No les ha llamado la atención la rapidez con la que el Cabildo de Córdoba emitió una nota pública alegrándose del reconocimiento de la legalidad de la inmatriculación de esa Catedral? Y supongo que no se hizo solo por la fijación de la vicepresidenta Carmen Calvo con esa Seo…
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