Con la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado prevista para el próximo día 29, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido recuperar la vieja tradición, tan abusiva como arbitraria, de aprobar por la vía de la llamada «ley de acompañamiento» una treintena de reformas legales que poco o nada tienen que ver con la actividad presupuestaria. Es cierto que se trata de una práctica desautorizada por el Tribunal Constitucional salvo en casos excepcionales, que se ha convertido en una pésima costumbre de todos los gobiernos, independientemente de su signo ideológico. No obstante, en el caso de Sánchez la excepción, y por ende el abuso, es doble: por un lado, introducirá reformas legislativas de fondo en un altísimo número de normas, y por otro, lo hará con el estado de alarma en vigor, lo que añade un plus de sectarismo a la alianza que ha sellado La Moncloa con el independentismo y con Bildu. En definitiva, la ley de acompañamiento de los Presupuestos se perfila como la enésima trampa ideológica de este Gobierno, utilizando al Parlamento como coartada doctrinaria. Días atrás, los letrados del Congreso se vieron obligados a corregir al Gobierno argumentando que una enmienda para prohibir los desahucios, como exigía Podemos en contra del criterio de muchos ministros socialistas, era impropio porque no se trataba de materia presupuestaria. Si el Gobierno quería regularlo, lo idóneo era hacerlo a través de un decreto. Dicho y hecho, el Ejecutivo reculó y lo hará por decreto, que parece ser la única manera de gobernar que tiene Sánchez. Ahora, forzando las costuras de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional y empleando para ello las disposiciones finales de algunas normas, el Gobierno se ha propuesto utilizar el señuelo de una «ley escoba» para reformar el Instituto de la Mujer (ahora de las Mujeres), para la modificación de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, o para revisar el régimen jurídico del sector público. Lo mismo sucede con la ley de garantías y uso racional de medicamentos -que permitirá modificar el sistema de precios de referencia-, con el estatuto básico del empleado público, o con la ley de contratos del sector público. Bueno es que el Gobierno trate de adaptar una estructura administrativamente compleja, y en algunos casos obsoleta, a las nuevas circunstancias que pueda provocar la recepción de fondos de la Unión Europea para el rescate económico de España. Pero en la medida en que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son tan amigos de la opacidad, tan fieles al nepotismo y a la colocación a dedo de personas cercanas, y tan refractarios a la transparencia, lo lógico es poner en duda cualquier reforma que afecte al dinero del Estado, y que además quedará aprobada por la puerta de atrás de los Presupuestos. Una vez más, las advertencias de la oposición, en especial del PP, sobre lo abusivo de esta práctica caen en saco roto, porque el Congreso ha sido desactivado de facto a manos de una mayoría conformada por muchas minorías absolutamente contrarias al espíritu de la Constitución y a la letra de la legalidad. Sánchez tendrá sus primeros Presupuestos, y con ellos convivirá muy probablemente los dos próximos años. Pero más allá de que estas cuentas públicas no cuadren porque la previsión de gastos e ingresos es muy ilusoria, el Gobierno va a dejar su huella doctrinaria en numerosas leyes para ser utilizadas a su capricho y conveniencia. Lo dramático es que cuando los recursos de inconstitucionalidad que se vayan presentando contra esta telaraña legal de Sánchez e Iglesias sean resueltos, el daño ya estará hecho y será irreversible.
El abuso legislativo como costumbre
Con la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado prevista para el próximo día 29, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido recuperar la vieja tradición, tan abusiva como arbitraria, de aprobar por la vía de la llamada «ley de acompañamiento» una treintena de reformas legales que poco o nada tienen que ver con la actividad presupuestaria. Es cierto que se trata de una práctica desautorizada por el Tribunal Constitucional salvo en casos excepcionales, que se ha convertido en una pésima costumbre de todos los gobiernos, independientemente de su signo ideológico. No obstante, en el caso de Sánchez la excepción, y por ende el abuso, es doble: por un lado, introducirá reformas legislativas de fondo en un altísimo número de normas, y por otro, lo hará con el estado de alarma en vigor, lo que añade un plus de sectarismo a la alianza que ha sellado La Moncloa con el independentismo y con Bildu. En definitiva, la ley de acompañamiento de los Presupuestos se perfila como la enésima trampa ideológica de este Gobierno, utilizando al Parlamento como coartada doctrinaria. Días atrás, los letrados del Congreso se vieron obligados a corregir al Gobierno argumentando que una enmienda para prohibir los desahucios, como exigía Podemos en contra del criterio de muchos ministros socialistas, era impropio porque no se trataba de materia presupuestaria. Si el Gobierno quería regularlo, lo idóneo era hacerlo a través de un decreto. Dicho y hecho, el Ejecutivo reculó y lo hará por decreto, que parece ser la única manera de gobernar que tiene Sánchez. Ahora, forzando las costuras de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional y empleando para ello las disposiciones finales de algunas normas, el Gobierno se ha propuesto utilizar el señuelo de una «ley escoba» para reformar el Instituto de la Mujer (ahora de las Mujeres), para la modificación de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, o para revisar el régimen jurídico del sector público. Lo mismo sucede con la ley de garantías y uso racional de medicamentos -que permitirá modificar el sistema de precios de referencia-, con el estatuto básico del empleado público, o con la ley de contratos del sector público. Bueno es que el Gobierno trate de adaptar una estructura administrativamente compleja, y en algunos casos obsoleta, a las nuevas circunstancias que pueda provocar la recepción de fondos de la Unión Europea para el rescate económico de España. Pero en la medida en que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son tan amigos de la opacidad, tan fieles al nepotismo y a la colocación a dedo de personas cercanas, y tan refractarios a la transparencia, lo lógico es poner en duda cualquier reforma que afecte al dinero del Estado, y que además quedará aprobada por la puerta de atrás de los Presupuestos. Una vez más, las advertencias de la oposición, en especial del PP, sobre lo abusivo de esta práctica caen en saco roto, porque el Congreso ha sido desactivado de facto a manos de una mayoría conformada por muchas minorías absolutamente contrarias al espíritu de la Constitución y a la letra de la legalidad. Sánchez tendrá sus primeros Presupuestos, y con ellos convivirá muy probablemente los dos próximos años. Pero más allá de que estas cuentas públicas no cuadren porque la previsión de gastos e ingresos es muy ilusoria, el Gobierno va a dejar su huella doctrinaria en numerosas leyes para ser utilizadas a su capricho y conveniencia. Lo dramático es que cuando los recursos de inconstitucionalidad que se vayan presentando contra esta telaraña legal de Sánchez e Iglesias sean resueltos, el daño ya estará hecho y será irreversible.
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